Uno de cada cuatro trabajadores europeos, 42 millones en total, está afectado por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a causa de la pandemia, una medida que ha evitado los despidos a corto plazo y ahora empieza a retirarse sin garantías de que podrá mantenerse el empleo.
La repentina paralización de sus economías por las medidas para contener el brote ha llevado a los países de la Unión Europea a recurrir a este tipo de esquemas, por los que las empresas pueden reducir la jornada de sus trabajadores e incluso suspender su actividad sin llegar a despedirlos gracias a que el Estado les sigue pagando parte del salario y cubre sus cotizaciones sociales.
Francia es el país donde más extendido está, con un 48 % de la fuerza laboral afectada (11 millones de trabajadores), seguido de Italia, con un 47 % (8 millones), mientras que en Alemania afecta al 27 % de los trabajadores (10 millones), cifra similar a la de España (24 % y 4 millones de afectados) y Holanda (23 % y 1,7 millones).
En Portugal, Chequia, Finlandia, Bulgaria, Polonia y Eslovaquia, los ERTE no llegan al 5 % de la fuerza laboral, según el informe, que advierte que el funcionamiento y cobertura de los esquemas varían mucho de un país a otro.
La Confederación Europea de Sindicatos cree que los ERTE han sido efectivos a la hora de evitar despidos al menos a corto plazo y, con ello, una escalada del paro como en Estados Unidos, donde la pandemia ha dejado sin trabajo a 33 millones de personas.
Su secretario general, Luca Visenti, explicó que frente a los 42 millones de trabajadores con un ERTE, hay entre 10 y 15 millones en riesgo de perder su empleo por no poder acogerse a estos esquemas, si bien admitió que su eficacia se ve matizada por las lagunas en la implementación y los retrasos en los pagos.
«En muchos países la ayuda no le ha llegado todavía a la gente. En Italia se supone que hay 12 millones de personas con un ERTE, pero la mitad lleva dos meses sin salario», dijo, explicando que los retrasos se deben en general a la burocracia.
A esto se suma que en algunos países los trabajadores autónomos, temporales, no convencionales o inmigrantes no están cubiertos por estos sistemas y que la compensación en la mayoría de sus casos no alcanza el 80 % del último salario que, consideran, debería ser el porcentaje mínimo.
Las prestaciones por ERTE van desde el 100 % del sueldo en Holanda o Dinamarca hasta el 50 % en Polonia, aunque en la mayoría se sitúa entre el 70 % -como en España, Francia o Bélgica- y el 80 % -en Italia, Alemania o el Reino Unido-.
La cobertura dura en general entre tres meses y un año y en la mayoría de países, como en España, las empresas no pueden despedir a los trabajadores hasta pasado un cierto periodo tras el ERTE.
A los problemas nacionales se une el posible retraso en la entrada en vigor de SURE, un nuevo fondo contra el paro de la UE que tendrá hasta 100.000 millones de euros para conceder créditos a los Estados para sufragar sus ERTE.
Los países aún le deben dar el visto bueno definitivo y los sindicatos temen que el dinero no llegue hasta otoño.
«Si se juntan las lagunas a nivel nacional e internacional, los problemas de cobertura y el increíble retraso en hacer operativo el SURE, el riesgo es que si los Estados y la UE no intervienen rápido una gran parte de estos 42 millones de personas acabe en el paro», insistió Visenti.
Desde la patronal europea Businesseurope coinciden en la importancia de una buena gestión por parte de las administraciones y de acelerar los trámites.
«Es esencial que los empleadores puedan solicitar acceso al esquema sin excesiva burocracia y que los plazos para recibir apoyo financiero de los sistemas de empleo sean respetados. La coordinación a nivel europeo es importante para lograr que cuanto antes haya esquemas de reducción de jornada que funcionen bien», explicó su director general, Markus Beyrer.
Una retirada prudente
Sin embargo, con la relajación del confinamiento algunos países empiezan a diseñar ya la retirada progresiva de estos esquemas, que tienen un alto coste. Desde los sindicatos advierten del riesgo de precipitarse.
«Sería un gran error que los Estados suspendiesen estos sistemas ahora, es demasiado pronto. Generaría un desempleo masivo que luego sería imposible de solucionar», consideró Visenti, quien instó a adoptar un «enfoque prudente» y mantenerlos hasta que se recupere la normalidad.
Todavía es difícil predecir cuántas empresas podrán reincorporar a sus trabajadores y no todos los sectores, en particular el turismo o la hostelería, reanudarán la actividad al mismo tiempo.
Además, consideró, los países pueden estar seguros de acometer el gasto excepcional que suponen los ERTE porque lo recuperarán una vez funcione SURE, que estará en vigor hasta 2022.
También las patronales abogan por prolongar los ERTES. Desde la Federación de Empresas de Bélgica defienden que han sido «un balón de oxígeno» y piden que se mantengan hasta finales de año «para evitar problemas de liquidez adicionales en las empresas y mantener el empleo tanto como sea posible».
FUENTE: EXPANSIÓN.COM