Jueces y fiscales se ponen en huelga para reivindicar la mejora en sus condiciones laborales.

Jueces y fiscales se ponen en huelga para reivindicar la mejora en sus condiciones laborales.

Reclaman unas cargas de trabajo saludables, más autonomía presupuestaria del Ministerio Público o independencia del Consejo General del Poder Judicial, entre otros asuntos. Más de 2000 jueces y 650 fiscales, respaldan un segundo paro para reivindicar mejoras laborales.

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han convocado este martes una huelga general en toda España como último movimiento para reclamar al Ministerio de Justicia una mejora en sus condiciones laborales.

Jueces y fiscales concluyen así las protestas para reclamar unas cargas de trabajo saludables, más autonomía presupuestaria del Ministerio Público o independencia del Consejo General del Poder Judicial, entre otros asuntos, después de haber hecho cuatro paros parciales que comenzaron el pasado 26 de abril y se han repetido cada jueves durante un mes.

A estas reclamaciones se suman el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial. Por su parte las asociaciones de fiscales piden la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales.

Miembros de la carrera judicial y fiscal han salido en cada uno de estos paros a las puertas de los juzgados de toda España para hacer visibles estas reclamaciones. Incluso, los nueve miembros del Consejo Fiscal y otros de la cúpula del Ministerio Público se concentraron el pasado 10 de mayo durante unos minutos para secundar la movilización.

La mayoría de los reproches van dirigidos al Ministerio que dirige Rafael Catalá. No está, sin embargo, solo. Los documentos de los huelguistas y los actos de reivindicación con los que se ha ido calentando la movilización apuntan también a los partidos políticos, que no han sido capaces de pactar mejoras, y a un Consejo General del Poder Judicial que no ha actuado como su interlocutor ante el Ministerio.

Las reclamaciones que no han conseguido sacar adelante se recogen en un documento denominado «14 propuestas para la mejora de la Justicia» firmado en junio del año pasado por los jueces. Los fiscales las respaldaron y añadieron cuatro puntos propios. «Dichas propuestas», explica el comunicado conjunto emitido este martes, «comprenden desde el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia: calidad y eficacia así como la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal».

Los convocantes aseguran haber intentado llegar a acuerdos en varios ámbitos. «El balance no puede ser más decepcionante en todos estos meses que llevamos de negociaciones. No hay siquiera un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto», sostienen tanto las asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) como las de fiscales (Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales).

La primera huelga de jueces de España la padeció el socialista Mariano Fernández Bermejo en 2009. Meses después volvía a haber huelga (con otros convocantes), ya con Camaño de ministro. El 2013 la huelga fue contra el popular Alberto Ruiz-Gallardón. En esta segunda, como ahora, pararon los fiscales. La huelga de este martes es la primera que aúna a las siete asociaciones de ambas carreras y llega después de varias jornadas de paros ante los centros de trabajo y, finalmente, una concentración ante el Ministerio de Justicia en la que fiscales y jueces corearon contra el ministro (Catalá dimisión), el presidente del CGPJ («Lo mismo da Lesmes que Catalá») y la portavoz socialista, la magistrada Margarita Robles («Margarita, cállate»).

Desde el Ministerio de Justicia defienden que en torno a un 70% de las reclamaciones ya han sido atendidas, si bien dependen de que finalmente se aprueben los Presupuestos o se culmine la tramitación parlamentaria necesaria para las reformas legislativas.

Esa lista de reivindicaciones incluye, entre otros puntos, la ampliación de las plantillas, la recuperación de los salarios y permisos y vacaciones al nivel previo a la crisis, la fijación de la carga laboral, la dotación de medios materiales suficientes y de calidad (sobre todo los informáticos) y la racionalización de la planta judicial y fiscal.

Entre las «medidas para reforzar la independencia judicial» se incluye garantizar la elección de vocales del CGPJ «por los jueces y magistrados», así como el fin del sistema «presidencialista» que se impuso en la última reforma y que todos los vocales vuelvan a tener dedicación exclusiva. Se reclama igualmente la «objetivación» del sistema de nombramiento de altos cargos y la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.

Por su parte, las asociaciones fiscales reclaman un «refuerzo de la independencia» y con una «autonomía presupuestaria» que les libere del Ministerio y facilite lo anterior. También solicitan paralizar el sistema de plazos máximos de investigación y la implantación de la justicia digital mientras no se pongan medios suficientes para que funcionen.

 

FUENTE: EUROPA PRESS, EL MUNDO, EL PAÍS, PÚBLICO.

FOTO: BERNARDO DÍAZ

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