Los menores de seis años quedan excluidos de la orden del Ministerio de Sanidad
El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles la orden por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarillas que empezará este jueves: tendrán que usarla obligatoriamente, aunque con excepciones, los mayores de seis años cuando estén “en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia” de dos metros. Por ejemplo, si uno está solo en una tienda podrá no usarla, pero si está en una calle muy concurrida deberá ponérsela. La disposición será obligatoria para “las personas de seis años en adelante”, con lo que afectará a unos 45 millones de personas. Y recomendable en los menores a partir de los tres (otros 1,3 millones).
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya anunció el martes que el Gobierno no va a regalarlas, aunque eso podrán hacerlo las comunidades, como ya hizo Madrid (aunque la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso lo hizo con unas de tipo FFP2, que son para profesionales). La orden no fija qué modelo de protección debe emplearse y dice que será obligatorio usar, si se va a estar a menos de dos metros de otras personas, “cualquier tipo de mascarilla, preferentemente higiénica y quirúrgica, que cubra nariz y boca”. Las quirúrgicas son las que tienen un precio máximo fijado (las más comunes son las que son blancas por un lado y azul por otro) a 96 céntimos la unidad. Si estas fueran para un uso diario –las hay de un solo uso y otras que no lo son–, a una por día supondrían unos 29 euros al mes.
El uso generalizado de mascarillas está justificado por la alta transmisibilidad del virus y, también, por la capacidad que han demostrado para “bloquear la emisión de gotas infectadas, muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad”, señala el texto. Es decir, su objetivo es que las personas portadoras del virus sin saberlo –las que lo saben deben guardar aislamiento– no contagien al resto.
Sobre la posibilidad de emplear mascarillas de tela caseras, Sanidad remite a una norma de la Sociedad Española de Normalización para su confección. Pero esta regulación, como admitieron fuentes de la entidad cuando se publicó en abril, está dirigida a empresas textiles. Y especifica cuestiones como que el tejido a emplear debe tener una eficacia para la filtración de más del 90% o que la respirabilidad debe de ser menor de 60 pascales por centímetro cuadrado, por ejemplo, condiciones que es imposible saber de las telas de las que puede disponer la persona que va a confeccionar una mascarilla en casa. El Centro de Control de Enfermedades de EE UU (CDC) es mucho más práctico. “Las cubiertas de tela para la cara confeccionadas con artículos del hogar o hechas en casa a partir de materiales comunes de bajo costo pueden usarse como medida adicional y voluntaria de salud pública”, afirma. Y luego especifica que deben ser lavables (basta con el proceso de la lavadora para desinfectarlas). Y detalla que, para fabricarlas, se usen dos piezas superpuestas de algodón de 10 por 6 pulgadas (25 por 15 centímetros). “Use algodón de trama cerrada, como el de telas acolchadas o sábanas. La tela de las camisetas funcionará sin problemas”, explica en su guía práctica el CDC. Este luego indica cómo se cosen y se meten las gomas por los lados. También explica cómo hacer una con un pañuelo.
La orden no establece un régimen específico de sanciones para quien no use mascarilla, por lo que fuentes jurídicas opinan que, como en el resto de las órdenes del estado de alarma, se aplicará el de la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta establece que “las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 601 a 30.000 euros, y las leves, con multa de 100 a 600 euros”. Fuentes del Ministerio del Interior no lo confirman. “Lo estamos estudiando y actuaremos con proporcionalidad”. Según estas fuentes, la mayoría de las sanciones durante el estado de alarma han sido por el artículo 36.6 que aplica a “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. Es decir, casos de personas que quebrantaban las limitaciones a la movilidad de manera reiterada, por ejemplo, o que se enfrentaban a las fuerzas del orden cuando las interpelaban.
La opinión de los expertos que asesoran al Gobierno sobre la utilidad de las mascarillas ha ido cambiando. De considerarla poco eficaz a obligar a llevarla tan solo en el transporte público y, ahora, a esta norma. Aparte del aumento del conocimiento del coronavirus, con el inicio de la desescalada aumenta la movilidad y la posibilidad de que varias personas coincidan, como ha explicado Simón. También sucede que ahora ya hay material disponible, lo que no sucedía hace mes y medio.
Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad anunció el martes que iba a repartir 9,6 millones de mascarillas entre las comunidades. “El objetivo es facilitar la conformación de una reserva estratégica a nivel autonómico con un stock correspondiente, al menos, a cinco semanas de consumo”, dice la nota del ministerio. Desde el 10 de marzo, Sanidad afirma que ha distribuido a los Ejecutivos autonómicos 100.802.812 mascarillas. Fuentes del departamento que dirige Illa añaden que, de hecho, garantizar el suministro de este material de protección a la población general será uno de los criterios para permitir que las comunidades progresen en las fases de desescalada. Y añaden que es imposible determinar cuántas se van a necesitar porque eso depende del “tipo de mascarilla usen los ciudadanos, de cuántas salidas hagan teniendo en cuenta que se sigue fomentando el teletrabajo, de si pueden o no mantener la distancia mínima durante las salidas, etcétera”.
FUENTE: ELPAIS.COM