Las claves del ingreso mínimo vital: ¿quién lo cobrará? ¿cuánto dinero? ¿desde cuándo?

¿Quién tiene derecho a cobrarla? En teoría el ingreso mínimo va a socorrer a familias, habrá un titular del derecho, pero se destina a la “unidad de convivencia”, como se llama oficialmente. Para que el hogar pueda recibir la ayuda, deberá estar en situación de vulnerabilidad. Se considerará que una familia es vulnerable cuando su renta mensual se quede 10 euros o más por debajo de lo que les correspondería. A partir de aquí se establecen otros requisitos como que el titular de la ayuda sea mayor de edad si tiene hijos y personas a su cargo. Si el hogar está compuesto por un solo individuo, este deberá ser mayor. En el último borrador conocido se fija una edad mínima de 23 años, en otros se hablaba de 21 años, y tres años desde que la persona se emancipara. Si la beneficiaria ha sido víctima de malos tratos o de trata, ese requisito no se tendrá en cuenta.

¿Tienen derecho a él los inmigrantes? Sí. Deberán vivir legalmente en España durante al menos un año. Como en el caso de la edad, esta exigencia se diluye cuando se trata de víctimas de malos tratos o de trata.

¿A cuánto asciende la ayuda? No es una cantidad fija, porque en realidad depende de la renta que tiene la familia y de su situación. El ingreso mínimo lo que hace es completar la renta hasta el nivel que concrete la norma, que contempla 14 tipos de hogar. Estos irán desde el compuesto por un adulto solo, al que le corresponderán 461,5 euros mensuales, hasta las familias compuestas por tres adultos y dos niños o más o por cuatro adultos y un niño (1.015 euros).

¿Cómo se mide la renta? Para calcular cuáles son los ingresos de un hogar se tomará la renta neta del año anterior. En esas rentas, no se tendrá en cuenta el dinero de becas o ayudas de alquiler.

Como este método podía dejar fuera a las víctimas económicas del coronavirus que se han quedado fuera de otras ayudas, sobre todo las de desempleo, el último borrador incluye una disposición adicional que permite el acceso de este colectivo teniendo en cuenta los ingresos proporcionales correspondientes al periodo de tiempo transcurrido de este año. Esta salvedad estará vigente durante todo este año. El decreto también contempla que un reglamento pueda fijar condiciones para situaciones individuales de caídas de ingresos en un año y que el afectado no tenga que esperar todo el año. También se tendrá en cuenta el patrimonio (inmuebles, cuentas corrientes…), sin tener en cuenta la vivienda habitual.

¿Qué relación deberán tener los beneficiarios con el mercado laboral? El ministro José Luis Escrivá ha advertido muchas veces de que su intención es que la ayuda sea compatible con el trabajo remunerado y dado de alta en la Seguridad Social, como una forma de luchar contra la pobreza laboral. Quienes no tengan empleo deberán estar inscritos como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo si están en paro. Esta exigencia es rechazada con contundencia por la Asociación de Directoras y Gestores de Servicios Sociales, que entiende que muchos de los potenciales beneficiarios de la ayuda son inempleables por sus circunstancias personales (problemas psicológicos, alcoholismo…). El texto abre la puerta a fijar excepciones a este requisito, pero deberá hacerlo a través de un reglamento.

¿Quién lo gestiona? El Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) se hará cargo de la gestión del ingreso mínimo en toda España, excepto en Navarra y el País Vasco, donde el Gobierno ha pactado con el PNV que serán las administraciones autonómicas las que se hagan cargo. El texto justifica la excepción en base al régimen foral de ambas comunidades. No obstante, el plan de la Seguridad Social es que desde el primer momento las demás comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan suscribir con ella convenios para iniciar expedientes de solicitud de la ayuda que luego deberá reconocer el INSS. A partir del año que viene, salvo cambio en el Consejo de Ministros, el decreto contempla llegar a acuerdos con las otras 15 autonomías para que ellas entren también en la gestión del ingreso mínimo. La vicepresidenta valenciana y responsable de los Servicios Sociales de la Generalitat, Mònica Oltra, ha criticado que sea la Seguridad Social y no las autonomías quien asuma esta gestión. En las últimas semanas ha remitido dos cartas a Escrivá haciéndole llegar sus propuestas. En la última se abre a firmar un convenio con el Gobierno central “entre la Comunitat Valenciana y el INSS para la gestión unificada del IMV y de la Renta Valenciana de Inclusión (nombre de la ayuda social autonómica. De manera que ambas prestaciones se tramiten de manera paralela y adaptadas a la circunstancia personal de cada solicitante”.

¿Cómo se financia? Los números que ha adelantado el ministro Escrivá señalan que el coste de la medida será de unos 3.000 millones al año que se pagarán mediantes una transferencia que Hacienda hará a la Seguridad Social. Para que los ayuntamientos se impliquen en la gestión, el ministerio prevé que las corporaciones locales puedan incrementar un 5% el gasto de personal.