Reafirma que concurre el requisito de violencia en el delito de rebelión y que los datos de Hacienda coinciden con los indicios de delito de malversación recogidos en su investigación. Rechaza que los miembros de la Mesa del Parlament procesados por desobediencia tuviesen inviolabilidad parlamentaria ya que fueron “mero instrumento de una actuación delictiva”.